Desde noviembre de 2019 la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha recorrido el Magdalena Medio intentando convencer sobre la bondades del fracking. En reuniones en el corregimiento Yarima, Puerto Wilches y Barrancabermeja se ha referido a la polémica técnica y las ganancias que dejaría en las regiones. Tras la firma del presidente Iván Duque del decreto 328, que reglamenta el fracking con fines investigativos, su contra parte, la Alianza Colombia Libre de Fracking le ha seguido el paso en los departamentos de Cesar, Santander y Antioquia mostrando los impactos ambientales que afectarían directamente a las personas, donde se pretenden hacer estos proyectos.

La disputa entre la Alianza, que agrupa 120 organizaciones, y la ministra es por la licencia social, un visto bueno de las comunidades para permitir los pilotos de fracking. Esta es una exigencia del Consejo de Estado, que definió que solo se podría adelantar la explotación de yacimientos no convencionales en el país si se cumplen las recomendaciones de una comisión de expertos que conformó el presidente Iván Duque.

Aunque la licencia social no quedó dentro del decreto 328, la ministra espera ganarse la confianza de la gente prometiendo empleo y mejoramiento en infraestructura, mientras que la Alianza ha hecho esfuerzos por llevar testimonios de personas afectas por la explotación del petroleo. Incluso mostrando informes sobre los impactos a los suelos en Estados Unidos – donde ya se ha desarrollado el fracking-, sobre el río Magdalena y las ciénagas de Puerto Boyacá.

Alianza Colombia Libre de Fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking en el corregimiento Puerto Patiño. Foto: María Fernanda Padilla/Las2orillas