Un fallo de tutela en segunda instancia, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el pasado 18 de septiembre, le ordena a la Gobernación de Santander poner en marcha los proyectos productivos para 73 familias afectadas por la represa Hidrosogamoso de la empresa canadiense Isagén, compromiso que fue pactado en el 2014 con la comunidad y que hasta ahora no se ha cumplido.

Dichos proyectos, que deben estar funcionando en un término no superior a seis meses, deben ejecutarse en un predio que la empresa Isagén le entregó a la Gobernación para tal fin en 2017, como parte de uno de los compromisos pactados para que la comunidad del sector La Playa de Betulia levantara una protesta que hizo el 8 de junio de 2014, cuando la generadora cerró las compuertas para iniciar el llenado de la represa y como consecuencia de ello se secó el río Sogamoso.

Jazmín Rondón Bonilla, presidenta de la Asociación Asochocas de los habitantes de La Playa, fue una de las personas que interpuso la tutela debido a que han pasado cinco años y ninguno de los dos compromisos se hace efectivo para el beneficio de las comunidades.

“Cuando Isagén secó el río Sogamoso en 2014 nosotros hicimos una protesta y tapamos la vía. Para levantarla, el gobernador Richard Aguilar se comprometió en darnos proyectos productivos e Isagén en entregar el predio para hacer los proyectos. Al ver que ninguno cumplía, marchamos desde La Playa hasta la Gobernación en marzo de 2015 y vivimos en el parque García Rovira hasta septiembre de 2015, cuando se hizo un nuevo acuerdo para entregar el predio y los proyectos. Hubo cambio de gobernador pero Didier Tavera nunca nos atendió y, pese a que Isagén le entregó el predio a la Gobernación en 2017, no sucedió nada con los proyectos productivos y por eso interpusimos la acción de tutela”, dijo Rondón Bonilla.

De acuerdo con el fallo del juez, la Gobernación no ha hecho los esfuerzos suficientes para proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, como es su obligación, y criticó que aunque tenía el predio donado por Isagén desde el 2017, sus gestiones no fueron “eficientes y expeditas” para radicar el proyecto de ordenanza ante la Asamblea para que le autorizara la entrega del predio a las comunidades, pues solo lo hizo hasta octubre de 2018.

Sin embargo, la Asamblea de Santander dio respuesta negativa a dicha entrega por considerar que no estaba legitimada para hacerlo. Tras esta respuesta, la Gobernación solo convocó a una reunión para tomar decisiones al respecto hasta febrero de 2019.

“Nosotros queremos recibir la finca y los proyectos productivos. Queremos que el predio se divida en las 73 familias y que los proyectos caprinos y de cítricos se sorteen. Ahora vamos a reunirnos el 6 de octubre para asesorarnos y ponernos de acuerdo todos sobre lo que vamos a hacer”, precisó Rondón Bonilla.

El predio entregado por Isagén a la Gobernación es de 50 hectáreas y está ubicado en la vereda La Plazuela del municipio de Zapatoca.

La Anla hará audiencia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció que realizará una Audiencia Pública Ambiental sobre la modificación a la licencia ambiental que solicitó Isagén, cuyo propósito es liberar 2,7 hectáreas de la zona de protección para entregárselas a la Gobernación y construir allí la marina pública que tendría un costo de $21.000 millones.

La Anla señaló que tras la solicitud de Isagén, en julio de este año le solicitó información adicional a la empresa, por lo que una vez se entregue dicha información y previo a la autorización de la licencia, la Autoridad convocará a la audiencia.

Víctor Manuel Dulcey, presidente de Cortopocoro y quien solicitó la audiencia, señaló que esto es bueno para la comunidad porque Isagén tendrá que dar cuentas sobre el seguimiento al desarrollo del embalse y sobre todo lo que ha incumplido con las comunidades del área de influencia de Hidrosogamoso.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que la modificación de la licencia sea para liberar un área y entregársela a la Gobernación porque dicho embarcadero sería para Corsogamoso y no para las demás comunidades. Pedimos inclusión y que no solo se liberen 2,7 hectáreas sino 40,6 que son para 22 embarcaderos”, precisó Dulcey.

El Centro de Atención Inmediata Interinstitucional (CAII) fluvial para el embalse Topocoro, cuyo costo fue de $1.808 millones aportados por la Gobernación de Santander, Isagén y Corsogamoso, cumplió 9 meses sin operar y la Policía aún no lo recibe.

El gobernador, Didie Tavera Amado, responsabilizó a la general Yolanda Cáceres Martínez, directora financiera y administrativa de la Policía de que el CAII no esté operando. Según él, la Policía argumentó que por la ley de garantías no era posible recibirlo.

Víctor Dulcey, de Cortopocoro, dijo que la Gobernación no planeó esta inversión, “no la han legalizado y tal vez fue para pagar un favor político”.

Por: Luis A. Cárdenas Mateus / El Tiempo – ADN