Los próximos 21 de noviembre y 6 de diciembre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) realizará una reunión informativa y una Audiencia Pública Ambiental respectivamente con las comunidades, la empresa canadiense Isagén y autoridades civiles, para analizar la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada al Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, propiedad de la generadora de energía.

La solicitud de modificación que hizo Isagén busca que se liberen 2,7 hectáreas del área protegida del embalse Topocoro (100 metros alrededor del espejo de agua), con el fin de transferirle el terreno a la Gobernación de Santander para que construya un puerto, que se haría en el predio Las Vegas (cerca a la finca La Lajita propiedad del padre del secretario de Desarrollo Social de Santander, Samuel Prada Cobos) por unos $21.000 millones.

La reunión informativa se realizará el 21 de noviembre a las 8:00 a. m. en el Coliseo Sacramento Tristancho, de San Vicente de Chucurí. Y la Audiencia será el 6 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar.

Víctor Manuel Dulcey, presidente de Cortopocoro y afectado por el embalse, señaló que la audiencia se aprovechará para que las personas afectadas por Hidrosogamoso presenten las pruebas de los incumplimientos y daños que han recibido por cuenta de Isagén, como “el desplazamiento de animales salvajes, el cerramiento de las vías, la prohibición de acceso al agua, el impedimento al desarrollo del turismo y los perjuicios a cultivos”, dijo Dulcey.

Y en cuanto a la habilitación de los puertos, Dulcey señaló que se solicitará a la Anla que se liberen los 22 que son públicos y no solo el que pide la Gobernación, “porque dicha habilitación ya se había concertado en el Plan de Ordenamiento del Embalse (POE) y esa es nuestra puerta al turismo que nos prometieron cuando se inició la construcción de la represa”.

Las comunidades alegan que Isagén aún tiene deudas pendientes por lo que han tenido que vivir con la construcción y puesta en operación del embalse, como desplazamiento, perjuicios en cultivos, imposibilidad de pescar, y cambios en sus tradiciones porque se cambió su vocación social y económica.

De hecho uno de los compromisos que no se ha hecho efectivo es la entrega de un predio de 50 hectáreas en Zapatoca a los afectados por la represa del sector La Playa de Betulia, que se utilizaría para el desarrollo de proyectos productivos como una forma de recuperar su economía. Ante el incumplimiento, las comunidades interpusieron una acción de tutela para reclamar que se cumpla el pacto y hasta ahora no se ha hecho efectivo.

Tampoco se les ha permitido el desarrollo y explotación turística del embalse, cuando en la etapa previa de la construcción del proyecto Isagén les prometió que podrían acceder a esta actividad económica y los apoyarían para recuperar su economía y estabilidad social.

Y otra más, que no solo la piden las comunidades aledañas al embalse sino el departamento, es la recuperación de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja en el sector Capitancitos y Puente La Paz, calzada que no ha funcionado al 100 % porque fue construida sobre una falla geológica y, pese a solicitudes del Gobierno Nacional y los gremios de Santander, Isagén no ha aceptado su responsabilidad frente al tema.

Quienes deseen participar en la Audiencia Pública Ambiental con ponencias tienen plazo de inscribirse hasta el 3 de diciembre de 2019 a las 4:00 de la tarde.

Los puntos donde se pueden inscribir son: en las Personerías de Girón, San Vicente, Lebrija, Los Santos, Zapatoca y Betulia, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en Bucaramanga, y Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) en San Gil y sus sedes.

Solo debe llenar un formulario que le entregarán en cada punto de inscripción.


LUIS A. CÁRDENAS MATEUS
EL TIEMPO/ADN
BUCARAMANGA