En marzo de 2018 comenzó el desastre ambiental que terminaría en el derramamiento de 550 barriles de petróleo, gas y lodo de Ecopetrol en 49 cuerpos hídricos de Santander. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a la empresa asegurando que las acciones operativas de contingencia adelantadas no fueron las adecuadas.

Hace casi dos años ocurrió una de las peores tragedias ambientales del departamento santandereano. En marzo de 2018 el Pozo petrolero de La Lizama, operado por Ecopetrol, estalló derramando 550 barriles de petróleo sobre varias quebradas del corregimiento de La Fortuna, una zona rural ubicada entre Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.

Tras el derrame, más de 15.000 reses se vieron afectadas y los afluentes Caño Muerto y La Lizama terminaron totalmente contaminados. Trazas de crudo y pescados con color, sabor y olor a petróleo seguían presentes un año después de la tragedia. Los pescadores denunciaban pérdidas en las ventas, mientras que la empresa aseguraba adelantar los procesos de limpieza supervisados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Este miércoles, Ecopetrol anunció que fue notificada de la “decisión de la ANLA de imponer una multa por $5.155 millones” a raíz del afloramiento de crudo en inmediaciones del pozo Lizama 158. Según la autoridad ambiental, las acciones de tipo operacional adelantadas por la empresa no fueron las adecuadas, motivo por el que se impuso la multa.

La noticia no pareció caer del todo bien, por lo que la empresa anunció que evaluaría y presentaría ante la ANLA los argumentos que “demuestran que desde el momento que se evidenció el afloramiento la empresa atendió la contingencia según el nivel de emergencia”. 

A la fecha, Ecopetrol continúa ejecutando el Plan de Recuperación Ambiental aprobado por la ANLA, en el que aseguran que culminó la limpieza fina de los cuerpos de agua afectados desde el punto de afloramiento hasta la desembocadura del Caño La Muerte en el río Sogamoso. También la reincorporación de fauna silvestre en la quebrada Lizama y Caño La muerte, y el inicio de la recuperación del bosque ripario con la siembra de especies nativas de la región.

Según la empresa se estructuraron 33 proyectos de inversión social y ambiental por un valor de $23.769 millones, de los cuales 12 ya se terminaron, 14 se encuentran en ejecución y siete en estructuración.

Fuente: elespectador.com
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