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Los beneficiarios sufrieron los embates de la violencia en la década de los 90, debido tanto a desplazamiento de sus tierras en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches y Rionegro, como la pérdida de familiares a manos de grupos armados ilegales.

Luego de un procedimiento legal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta falló a favor de la compensación predial a las víctimas. La decisión se materializó a través del Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, cuyos recursos sirvieron para la adquisición de siete predios en Santander.

Esta forma de restitución, que procede cuando es imposible la restitución material de los predios de origen, fue ordenada dentro de la sentencia, donde el Fondo de la URT inició el procedimiento establecido para llevar a cabo el cumplimiento de la orden judicial.

En ese orden de ideas y en consideración a que el Fondo no contaba con predios en las zonas escogidas por los beneficiarios de compensación, en audiencia realizada por solicitud de la unidad, los magistrados acogieron la propuesta de la URT y dispusieron que con el valor de la compensación se realizara la compra de predios en zonas rurales o urbanas, actuación que finalmente se realizó con el acompañamiento y asesoría de los profesionales del Fondo.

Fuente:  SONIA L. SUÁREZ SALAZAR / Vanguardia Liberal