Luego de que estallara el escándalo por cuenta de la conformación de la lista cerrada del Partido Liberal a la Asamblea de Santander, debido a la exclusión de la diputada Rubiela Vargas en la distribución de los primeros lugares, el Juzgado Segundo Administrativo Oral abrió un nuevo capítulo en la disputa.

Ese ente administrador de justicia concedió las pretensiones de una tutela instaurada por Vargas, en la que argumentaba que se le habían vulnerado sus derechos a la igualdad, a la no discriminación por razón de género y a la participación democrática, debido a que fue inscrita en el el octavo lugar de la lista, cuando las cuentas electorales darían para “sacar seis curules” en las próximas elecciones.

En el fallo, el juzgado ordenó la inaplicación de la resolución con la que se concibió la lista y ordenó que se modificara incluyendo dentro de los cinco primeros lugares a Vargas, lo que desató la reacción de la dirección departamental del Partido Liberal, que no solo anunció la apelación de esa decisión, sino también la instauración de una demanda de pérdida de investidura contra la actual diputada.

“Hoy (ayer) estaremos radicando la apelación. Ese fallo no solo contradice, sino que desconoce jurisprudencia donde señala que los jueces no pueden ordenar las listas de los partidos”, aseguró Miguel Ángel Pinto, congresista y director departamental.

Y agregó: “Tenemos pruebas de que ella está haciendo campaña por su hija, a quien inscribió por La U. Eso es doble militancia, vamos a demandar la investidura y le suspenderemos el voto en la Asamblea provisionalmente”. Por su parte, Vargas aseguró tener “pruebas de que eso no es así”.

La disputa entre Vargas y Pinto se remite a las elecciones legislativas de 2014, cuando en San Vicente del Chucurí, región de la diputada, el segundo solo obtuvo 488 votos.