Este será el caso del Municipio de San Vicente de Chucurí con el alumbrado público?

Este será el caso del Municipio de San Vicente de Chucurí con el alumbrado público?

“Colombia país único”, afirmó en su momento el filósofo liberal Darío Echandía, para referirse al poder de las mafias, de los grupos de presión, de la audacia de los contratistas y de los políticos, que entre ambos apuestan a quedarse con los negocios del estado. Las leyes, — elaboradas a la medida de las ambiciones personales y de la codicia de quienes financian las campañas electorales –, abrieron la ventana de las privatizaciones y con ellas, la entrega de los recaudos de impuestos y del pago de los servicios públicos a entidades de derecho privado, que engordan sus alforjas con los recursos obtenidos de la intermediación en los asuntos oficiales.

Avergüenza saber que en municipios como Aratoca, Los Santos y también en la levítica ciudad de Zapatoca, con presupuestos raquíticos, se han presentado en varias ocasiones los pastorcitos mentirosos que llevan redactados los respectivos proyectos de Acuerdo, para convertirlos en leyes municipales de imperativo cumplimiento, que intentan la privatización del alumbrado público, un sistema de concesiones que se queda con el negocio lucrativo en el cual están engrampadas varias poblaciones que hipotecaron su destino por los próximos veinte años.

El mal ejemplo comienza en Floridablanca, donde el representante legal de este cuestionado asunto reside supuestamente en Islas Caimán, mientras sus verdaderos propietarios – que son personas audaces — saben cuánto vale y cuánto cuesta el respaldo de los alcaldes y de los concejales, confabulados para recibir las coimas que se reparten cada año, mientras dura la concesión otorgada a los particulares, sin ningún beneficio para la respectiva municipalidad.

Con la privatización del alumbrado público vendrá después la privatización de los servicios de acueducto y alcantarillado, la recolección de las basuras, el recaudo de los impuestos de circulación y tránsito, los servicios de salud de los hospitales, temas que son el blanco de inconfesables tentaciones para ciertas autoridades municipales, que buscan en los negocios privados la manera de recaudar los costos de las pasadas campañas electorales.

La Procuraduría General de la Nación ha creado un Bloque de Búsqueda, para verificar la forma como se están comprometiendo los ingresos futuros de los municipios, por cuenta de la privatización del alumbrado público y de otros servicios. Los alcaldes que patrocinan esta clase de concesiones insisten en la tentación de adjudicarlos, porque van en el negocio, porque les aseguran una participación de las utilidades. Ignoran que al momento de rescindirse el contrato, los municipios quedan obligados a pagar costosas indemnizaciones, que revertirán contra ellos en cualquier momento, comprometiendo su futuro.

De mil maneras tenemos que decir y afirmar que la privatización del alumbrado público en nada mejora el servicio, porque se duplican los costos para pagarles el favor a quienes hicieron posible la aprobación de semejante estropicio y la gente estará obligada a pagar mayores contribuciones. Los municipios quedan hipotecados por veinte años a los caprichos del concesionario, que de inmediato apelará a las fuentes del recaudo, para quedarse con los dineros que antes recaudaba la Empresa Electrificadora de Santander. ¿De qué le sirve a un alcalde venderle el alma al diablo, si arruina su carrera política, es la pregunta que se hace en los medios de comunicación del departamento?

Artículo escrito por: Rafael Serrano Prada
Director EL FRENTE