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“A eso de las 10 de la mañana, el calor se hace insoportable (…). Es bastante difícil; uno como docente y como adulto tiende a adaptarse o aguantarse un poquito más, pero los niños, ellos necesitan un ambiente adecuado, más agradable”. Con estas palabras, la profesora Ángela Sierra describe la situación que afrontan los más de 120 estudiantes de la escuela Los Acacios, una sede educativa que yace sobre un asentamiento urbano del mismo nombre, ubicado en zona rural de San Vicente de Chucurí, en Santander.

En la improvisada escuela de seis salones, construida con tablas, latas, botellas de plástico, lona y cuyo techo es de zinc, adscrita a la Institución Educativa Pozo Nutria Dos, la profesora Ángela, junto con otros cinco maestros nombrados por el Estado, imparte clases a los menores, de edades entre los 5 y los 12 años.

En las instalaciones, que funcionan con el aval del Ministerio de Educación, escasea el agua y solo hay dos baños. Estas condiciones, según denuncian los docentes, entorpecen el proceso de aprendizaje de los niños, todos hijos de habitantes de ese asentamiento.

“La escuela está construida con tabla, pero ya está bastante deteriorada debido al clima”, indicó la docente. Y han sido precisamente los residentes, provenientes de distintas partes del país y que se asentaron ilegalmente a finales del 2010, llamados por la bonanza laboral y las expectativas del proyecto Hidrosogamoso, quienes poco a poco han ido construyendo la escuela.

“Al ver que había tanto niño, la comunidad decidió empezar a construir una escuela. Para el momento se encontraba Isagén adelantando los trabajos de la hidroeléctrica, y fue allí adonde acudimos para que nos regalaran algunos materiales, que para nosotros eran desechos”, relató Raúl Jaimes, líder comunitario en Los Acacios, donde se hallan 400 viviendas.

Según las autoridades gubernamentales, por encontrarse en terrenos ilegales, ni los entes públicos ni privados pueden hacer inversiones de mejora de la construcción.
Ana Leonor Tarazona, secretaria de Educación de Santander, sostuvo que el trámite para la legalización de los predios se ha tornado complejo y está marcado por una peculiaridad: los terrenos invadidos, aunque están ubicados en jurisdicción de San Vicente de Chucurí, son en su mayoría de propiedad del colegio público La Fortuna, perteneciente a Barrancabermeja.

“A los docentes hay que ubicarlos en la medida en que debemos garantizarles el derecho de la educación a los menores. Estamos buscando la forma jurídica de la titularidad del predio para la construcción adecuada de la escuela”, dijo la funcionaria.

Entre tanto, la secretaria de Vivienda departamental, Maylin Jaramillo, informó que tras varios años se logró sentar a todas las partes involucradas, entre ellas las alcaldías de ambos municipios, para llegar a un acuerdo que le dé luz verde a la legalización.

Añadió que entre los acuerdos iniciales está buscar la forma de adelantar un levantamiento topográfico.

“Otro de los compromisos es de la alcaldía de Barrancabermeja, que buscará la figura jurídica que le permita ceder esos predios a San Vicente”, precisó Jaramillo.

CAROLINA RINCÓN RAMÍREZ
Corresponsal EL TIEMPO