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Con improvisadas paredes de madera, de botellas plásticas, latas, lonas, un techo de zinc y tres baños que funcionan a medias, 120 menores de edad, entre los 5 y 12 años, reciben clases en una escuela ubicada en San Vicente de Chucurí (Santander). Esta institución fue construida por los habitantes del asentamiento Los Acacios, poblado hace nueve años por más de 400 familias, con el objetivo de que sus hijos tuvieran acceso a la educación.

Foto: Cortesía Ángela Sierra.Foto: Cortesía Ángela Sierra.

Fue así como desde hace media década, con el aval del Ministerio de Educación y gracias a unos materiales que le sobraban a una de las obras más polémicas del departamento: la hidroeléctrica, por su invasión en terreno chucureño, buscaron la forma de que el colegio del barrio fuera una realidad.

Desde entonces los más pequeños de esta invasión empezaron a recibir clases en la escuela Los Acacios, adscrita a la Institución Educativa Pozo Nutria Dos.

“En condiciones deplorables tenemos que venir a dictar clases y a ver esta situación que además de preocupante es triste”, dice Ángela Sierra, una de las seis personas que el Estado delegó para ser maestra en este pequeño plantel de seis salones.

Foto: Cortesía Ángela Sierra.Foto: Cortesía Ángela Sierra.

“Pues acá en la invasión la comunidad vio la necesidad de improvisar con la escuela porque los niños estaban sin estudiar”, asegura.

“Como ella, son varios los profesores que cansados de la situación siempre se quejan, pero no se han visto cambios. Lo único que percibimos es cuando se van porque no soportan ver el lugar en el que enseñan. Esto realmente está muy deteriorado”, relata  Raúl Jaimes, líder comunitario del asentamiento.

Además explica que el hecho de vivir en un lugar que es ilegal agudiza la problemática, pues según autoridades municipales y departamentales, este predio pertenece al Colegio La Fortuna, ubicado en Barrancabermeja, situación que complica más la problemática, esto último al ser un lío entre dos municipios.

Foto: Cortesía Ángela Sierra.Foto: Cortesía Ángela Sierra.

Por su parte, desde la Secretaría de Educación de Santander responden que mientras la institución esté ubicada sobre estos terrenos que no están constituidos, no se podrán realizar inversiones, ni construir el lugar.

“Lo que es realmente triste, pues uno pensaría que las necesidades de los niños van primero, pero no”, concluye Ángela Sierra que, como la representante de los derechos de los más pequeños que habitan en los hogares de Los Acacios, hace un llamado al Estado y al  departamento, para que aquí se priorice la inversión en educación.

Por ahora, las más de 400 familias que a diario despiertan en esta zona, esperan que la administración municipal acelere los procesos necesarios para legalizar. La enseñanza y el aprendizaje en esta institución se hacen más complejos, al no contar con bibliotecas, salas de informática, ni servicios básicos como agua potable. 

“Se estima que el próximo 29 de septiembre nos reuniremos con funcionarios de Barrancabermeja, ya que llevamos adelantado un plano del terreno para ver cómo podemos avanzar y lograr que este municipio seda Los Acacios e inmediatamente legalizar los servicios públicos y todo el problema social que se presenta con estas personas que llegaron allí en busca de trabajo”, así lo puntualiza el alcalde de San Vicente de Chucurí, Omar Acevedo.