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Mientras el alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Montes, fue capturado este jueves por presuntas irregularidades con el programa de alimentación escolar (PAE) en el municipio, las quejas hacia las deficiencias en estos programas siguen apareciendo en otros puntos del país.

Informes de la Defensoría del Pueblo, investigaciones por intoxicaciones y quejas de padres de familia han visibilizado en los últimos días irregularidades en municipios de 5 departamentos, en la mayoría de los casos relacionadas con deficiencias en la calidad de los alimentos.

En Santander, la Gobernación enviará al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la muestra de la leche condensada que habría afectado a 11 estudiantes del corregimiento La Cincelada, municipio de Coromoro, tras haberse intoxicado los niños el viernes pasado.

La muestra será dirigida a Bogotá después de que dos análisis locales arrojaron resultados distintos. Mientras un estudio de la Secretaría de Salud departamental determinó que el alimento estaría contaminado con la bacteria Bacillus cereus, un análisis privado contratado por el operador del PAE señala que la leche estaba apta para consumir.

Y, en el municipio de San Vicente de Chucurí, los padres de familia de las sedes de primaria del colegio Camilo Torres denunciaron que algunos de los alimentos usados para los refrigerios estarían llegando en mal estado –procedentes de Bucaramanga, a dos horas y media por carretera– y no se estaría cumpliendo con la cadena de frío para su conservación. En algunas escuelas veredales, además, los padres campesinos se quejan permanentemente por el mal estado en que llegan los productos cárnicos y las frutas.

En Arauca, la calidad de los alimentos también está en el centro del debate. Las autoridades están a la espera de los resultados que arrojen los análisis a los alimentos que originaron la intoxicación de 325 estudiantes de cuatro colegios el pasado 4 de abril. Una arepa rellena con carne desmechada y aguadepanela con leche fue el desayuno que consumieron los adolescentes y que, al parecer, habría ocasionado la intoxicación.

La Interventoría CML Consultoría SAS será la encargada de presentar el informe después de que la Gobernación conminó al contratista e interventoría para que respondan. La responsable del suministro de estos suplementos es la firma Unión Temporal Vital 2016, que maneja un contrato por 4.873 millones de pesos.

En el Cesar, por otro lado, las irregularidades no solo ocurren en Aguachica. Un informe de la Defensoría del Pueblo que hace seguimiento al contrato que tiene la Alcaldía de Valledupar con el operador del PAE, la Fundación Acción Social Integral, indica que en la mayoría de los 21 colegios beneficiarios del programa la comida no alcanza para todos los niños.

El documento muestra casos como los del colegio Rafael Valle Meza, donde hay 685 niños en la jornada de la mañana y 565 en la tarde, pero se suministran 250 complementos alimenticios en la mañana y 180 en la tarde. Para que alcancen las raciones, los rectores se han dado a la tarea de priorizar a los alumnos más pequeños y a los de menores recursos.

La calidad de la comida que reciben los niños también genera quejas. El informe detalla que, en la mayoría de los colegios, las proteínas solo se suministran una vez a la semana; las frutas, dos veces, “y algunas veces en mal estado”.

“Haciendo una comparación de la minuta del PAE frente a la minuta establecida para los privados de la libertad de los centros penitenciarios de Valledupar, notamos una diferencia abismal en cuanto al balance, cantidades e incluso calidad en el suministro de los alimentos, siendo superior ostensiblemente la alimentación suministrada a los reclusos”, añade el reporte.

El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, se mostró extrañado ante las observaciones. “Hemos realizado unas mesas de trabajo con el personero, la Procuraduría, y las falencias que se han hecho hasta el momento son subsanables, como la fumigación de algunos comedores, el mejoramiento de algún menaje de cocina, la entrega de los kits de salud y aseo a los estudiantes y, por supuesto, mirar cómo se puede mejorar la minuta de dos días que no incluía proteína (…) En ningún momento se ha hablado de la mala calidad de los alimentos”, aseguró.

En Armenia también hay quejas, pero por la cobertura. Lina María Osorio, madre de un estudiante de undécimo grado del colegio Inem, asegura que los almuerzos no son para la mayoría sino para 552 alumnos de los 2.014 que tiene la institución. “Los jóvenes se van a almorzar a sus casas y no vuelven al colegio”, aseguró.

La Secretaría de Educación detalló que en total son 13.200 almuerzos los que se distribuyen en 21 colegios, pero faltan entre 10.000 y 12.000 para tener cobertura completa. “El Ministerio de Educación nos envió más presupuesto pero estamos esperando que el Concejo nos apruebe esa adición para tener más almuerzos y refrigerios”, respondió Luis Cobaleda, secretario de Educación.