6256817 (Este número es solo para compra de publicidad) sanvicentedechucuri@gmail.com

En las últimas décadas, las personas han ido concientizándose de la importancia del medio ambiente para sus vidas al ser notable el cambio climático, ocasionando que múltiples sectores sociales de la población, no solo ambientalistas, propugnen por luchar por el medio ambiente.

La biodiversidad y riqueza natural de los recursos renovables y no renovables en Santander es evidente, tan solo basta con observar uno de sus municipios como lo es San Vicente de Chucurí con una gran riqueza en materia ambiental que permite a sus pobladores generar su bienestar a través de la explotación económica del medio ambiente.

Desafortunadamente, muchos de esos sectores sociales de la población adolecen de los mínimos conocimientos en materia jurídica, derechos y mecanismos judiciales que les permitirían ejercer una más eficiente y eficaz labor en su lucha por la conservación de un ambiente sano para nosotros y futuras generaciones.

En Sentencia T 095 del 2016, la Honorable Corte Constitucional de Colombia al estudiar fallos de tutela en materia ambiental hizo una importante y novedosa interpretación de la constitución que muy seguramente es desconocida para dichos sectores sociales, denominando nuestra constitución como una “Constitución Ecológica” y la obligación del Estado de la protección constitucional al medio ambiente sano.

Al explicar el alto tribunal la “Constitución Ecológica” lo determina de la siguiente manera, “(…)La Corte ha precisado que la Constitución ecológica tiene una triple dimensión, por un lado, el deber de protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico, siendo obligación del Estado, proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, existe un derecho de todos los individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es exigible por medio de diferentes acciones judiciales –civiles, penales, populares-. A su vez, existen un conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares para el resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de la constitución ecológica.(…)”

A su vez algo poco común ha sido la nueva posición de la Corte Constitucional al determinar el ambiente sano como un derecho fundamental, conllevando ello a que en ocasiones, en las cuales las afectaciones al medio ambiente logren vulnerar por conexidad derechos fundamentales de las personas, estas puedan buscar a través de la Acción de Tutela la defensa de los mismos.

Sabemos que cualquier intervención del ser humano en el medio ambiente en busca de un desarrollo económico causa su desequilibrio o afectación, pero no debemos satanizar y prohibir todas las intervenciones al mismo, ya sea la ganadería, agricultura, minería, entre otras actividades económicas, deben ser realizadas armónicamente con el medio ambiente, es nuestro deber y derecho aprender a utilizar los mecanismos jurídicos con los que contamos en nuestro ordenamiento para así proteger y vigilar, que dichas actividades sean realizadas de la manera correcta, pues contrario a los extremistas que consideran que se debe evitar a toda costa la explotación de recursos renovables y no renovables, considero que si es posible lograr un desarrollo económico en congruencia con el medio ambiente, desde que hagamos cumplir los estándares en materia ambiental.

En conclusión, somos los veedores de las afectaciones e impactos que como seres humanos hagamos al medio ambiente, siendo nuestro fin, el buscar un desarrollo económico sostenible con un medio ambiente sano, por ello a través de correctas acciones judiciales podemos encausar y lograr que empresas y personas dedicadas a la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, cumplan con estándares y medidas que permitan que nuestro derecho fundamental al medio ambiente sano sea respetado, ya sea a través de medidas preventivas, correctivas y como última ratio prohibitivas, utilizando acciones judiciales como las Populares, de Grupo, Tutela, Civiles, Penales y Administrativas.

COLUMNISTA: ABG. JORGE ALBERTO NUÑEZ SARMIENTO
ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERISAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB