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Los panfletos que se estarían multiplicando entre las fincas de la zona del Magdalena Medio, que incluye a Santander y parte de Bolívar y Cesar, tienen en vilo a los campesinos, quienes temen que les quiten sus tierras.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está a mitad de camino. Este año cumplió el quinto de los 10 años que tiene de plazo para devolverles a las víctimas de la violencia en Colombia las tierras que les fueron usurpadas por grupos armados. Este proceso ocurre en medio de un ambiente de confusión generalizado, por las acusaciones de que la ley servirá para sacar de nuevo a la gente de sus fincas.

En la región del Magdalena Medio, principal escenario del despojo en Santander, desde hace algunos meses empezaron a correr de mano en mano algunos panfletos en los que alertan a los propietarios de las fincas del presunto peligro de la restitución.

Así lo reportó Ricardo Sabogal, quien dirige la Unidad de Restitución de Tierras en todo el país. En diálogo con Vanguardia.com, manifestó que dichos panfletos “se los regaron a la gente diciendo que a todo mundo le iban a quitar la tierra y eso no es cierto”.

Esta información la corroboró el director regional de la Unidad, Fabio Camargo, que detalló que entre los finqueros se repartió este material, que alertaba que se estaban expropiando terrenos y que las reclamaciones se contaban a manos llenas.

Lo que ocurrió generó pánico. Frente a esta situación, estamos haciendo talleres con la comunidad y con los actuales propietarios, para desmitificar estos conceptos”, detalló.

Por su parte, Sabogal corroboró que en todo el país ocurre esta misma situación: “A la gente se le dice que se le van a entregar las tierras a las Farc y que eso se planteó como parte de la negociación de La Habana”. Vale anotar que no es el Gobierno el que da la tierra, sino los jueces designados para ello.

Aunque admiten que existen grupos antirrestitución que operan en la región, el funcionario negó conocer quién estaría moviendo los hilos de esta campaña negra en Santander y el Magdalena Medio.

Según los índices de la Unidad de Restitución, solo el 30% de los casos de reclamaciones de tierra que llegan en Santander logran pasar a manos de los jueces, después de comprobarse que en efecto se trata de un despojo. A nivel nacional, este índice es mayor, pues llega al 50%.

No obstante, de lo que llega a manos de los jueces, el 95% falla a favor de la víctima.

$2.060 millones para compensar

Cuando una víctima encuentra que su tierra fue ocupada y actualmente está siendo explotada por otra persona, la Ley permite a los jueces compensarlos, siempre y cuando haya un acuerdo entre ambas partes. En Santander se han dispuesto $2.060 millones para aquellas personas que prefirieron no regresar al sitio del que fueron despojados.

Asimismo, en otros 14 casos en la región, los jueces han optado por dejar a los actuales ocupantes y darles a las víctimas reclamantes un predio en otro lugar. Esta conciliación solo es posible siempre y cuando se compruebe que quien está en el sitio afectado compró su lote de buena fe, sin conocer que allí tuvo escenario un despojo.

Estos casos se concentran en San Alberto, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Puerto Wilches.

Así va el proceso en la región

1.800 hectáreas de tierra han vuelto a manos de sus dueños originales, todos víctimas del conflicto armado en esta zona del país. Esta extensión se divide en 70 casos agrupados en el Magdalena Medio, lugar donde el despojo golpeó con mayor fuerza.

Con cinco años restantes para aplicar la Ley de Víctimas, en Santander ya se ‘barrió’ en un 100% los municipios con más casos de victimización. Es decir que en Lebrija, Rionegro, Girón, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja, San Vicente, El Carmen y Betulia, ya todos los procesos de restitución están listos para pasar a manos de un juez, que decidirá si devuelve o no la propiedad.

La meta es que en Santander, la Unidad de Víctimas tenga surtidos todos los casos al concluir este año. A falta de solo cuatro meses para llegar a la fecha límite, la carrera es para procesar todos los casos en los municipios en los que no hubo un despojo masivo, sino casos aislados.

De las 400 reclamaciones de tierras que se han agrupado en 30 municipios, se han atendido 120.

Además de esto, en tres predios reclamados entre Rionegro y Sabana de Torres, se decidió cambiárselo a la víctima por otro, puesto que las tierras requeridas hacen parte de zonas de reserva protegidas. Dichos sitios se dejaron en manos de la Corporación Autónoma de Santander, CAS.

Segundos ocupantes, un reto que recién inicia

El decreto de los Segundos Ocupantes, que busca reconocer a aquellas personas que de buena fe ocuparon un predio que luego se reclamó para una víctima, aún no tiene afectación en Santander, sin embargo, en San Alberto (sur del César) se reportan dos de estos casos.

Esta calurosa población, a solo dos horas de Bucaramanga por la vía que lleva a la Costa, es uno de los ejes centrales de la campaña en contra de la restitución, según lo reconoce la ONU. Allí se han concentrado protestas que agrupan cientos de personas, sin embargo, tan solo serían poco más de 100 predios los que están solicitados y de esos, 27 ya están manos de los jueces.

Hasta el momento, de los 70 predios que han sido devueltos en el departamento en los cinco años que lleva la ley en vigencia, no se han reportado casos de revictimización. No obstante, existen demoras en atender los casos del sur de Bolívar, pues aún no existen las condiciones de seguridad en poblaciones como Simití o San Pablo.

No obstante, Sabogal dejó la puerta abierta a posibles revisiones de las sentencias en firme, pues asegura que con el decreto de Segundos Ocupantes “se pueden revisar los casos del pasado, porque no se sujetó a sentencia sino a providencia judicial. Los jueces que ya han tomado decisión, podrían revisarla. Esperamos que los jueces así lo asuman”.

Peligro de revictimización

A pesar que el Gobierno ha insistido en que la seguridad está garantizada en todo el territorio santandereano para la víctima que retorne a su hogar, en el informe ‘Los retos del posconflicto’ escrito por León Valencia y Ariel Ávila se advierte de la posibilidad de que las bandas que heredaron las banderas de los paramilitares vuelvan a afectar las poblaciones golpeadas históricamente.

En los Mapas de Índice de Riesgo de Posconflicto Violento, que compilaron estos dos investigadores, se señala a Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Coromoro y Simacota como las poblaciones con mayor riesgo de volver a caer en una espiral de violencia paramilitar.

Estas mismas poblaciones hacen parte del grupo que fueron priorizados para la restitución y en las que el ‘barrido’ se completó ya. Más allá, Simacota ya fue declarado ‘sujeto de reparación colectiva’. Esto significa que el Estado tiene que intervenir a la comunidad entera por la magnitud que tuvo el conflicto allí.

Ávila dialogó con Vanguardia.com sobre dicho documento y manifestó que “en Santander el riesgo existe pero no es extremo, como se ve en otras regiones como Antioquia”.

Según este documento, existen 1.103 municipios del país con riesgo de revictimización, en los cuales han tenido influencia del neoparamilitarismo. En otras palabras, el 40% del territorio nacional podría volver a sufrir los efectos de la guerra.