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Estuve en el lanzamiento del libro Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar y me acordé de la serie de televisión. Es raro cómo funciona la memoria. Una charla informal y directa del excoronel Prieto con el periodista Darío Fernando Patiño me llevó a recordar el jingle de la serie Los Magníficos: “Hace diez años un tribunal militar”. Y me pasé toda la charla tarareando en mi mente la melodía del track de entrada.

Prieto contó que estuvo en muchos escenarios de guerra en su vida de tropero. En el batallón Bárbula, en Arauca, en los Montes de María. Pero en ningún lugar le fue tan mal como en San Vicente de Chucurí. Llegó a la comandancia del batallón Luciano D’Elhuyar en 2003. Su jefe directo era Germán Galvis Corona, pero el general Martín Orlando Carreño, comandante del Ejército, le advirtió: “Cuídese. Usted va para una guarida de paramilitares”. Explicó que recibir un batallón es igual a recibir una empresa. Un taoísta chino dijo alguna vez que gobernar un imperio era como freír un pescado, así que lo decía tal vez en el mismo sentido.

Julio César Prieto fue comandante del batallón Luciano D’Elhuyar durante los años 2004 y 2005, en la comarca chucureña, en Santander.

El coronel que le entregó el mando le dijo que en la zona había Eln y Farc. Pero poco después se dio cuenta de que el enemigo era 90 % paramilitares. Y los paras tenían infiltrada a la tropa del batallón a su mando. Nunca podía llevar a cabo una operación efectiva: aunque tuviera información precisa, todas las operaciones eran un fracaso. Conjeturó que eso ocurría por tener soldados vendidos al paramilitarismo, porque el paramilitarismo era cultural en la región. Había surgido como respuesta al sometimiento por décadas al régimen que impusieron los guerrilleros. Después del proceso de paramilitarización de la región, la sociedad desarrolló fuertes vínculos para rechazar y unificarse contra todo lo que pareciera identificarse con la izquierda armada. En su batallón, los soldados tenían vínculos de consanguinidad con los paramilitares que dominaban el territorio: sus soldados eran primos, sobrinos, yernos de paramilitares.

Hasta aquí parece el relato extraordinario de un exintegrante de las Fuerzas Armadas que estudia la evolución ideológica de una región y reconoce el vínculo de los soldados con los paramilitares en las minucias cotidianas. Lo que sigue son datos en concreto de estos vínculos, de esas alianzas, de las capturas, y el momento en que una fuerza de políticos corruptos se interpuso entre su labor y la población.

 

Un informante, dentro del batallón, le dio las coordenadas precisas de donde estaba un campamento paramilitar. El coronel dudaba de la información. El informante aseguró que los paramilitares acampaban desde hacía años en la finca de su padre. Estaba cansado de que lo extorsionaran y por eso le daba la información precisa. Le tomó las coordenadas del lugar y el coronel envió a sus mejores hombres para hacer el operativo. Los soldados hicieron la operación, llegaron a la finca donde estaba el campamento paramilitar y lo que hicieron fue sentarse a desayunar con los paramilitares.

Todos los movimientos de sus tropas estaban rastreados. Tan sólo incautaron unos radios de comunicaciones y armas. Por aquellos radios podía escuchar desde entonces los mensajes que se daban para vigilarlo: “Ya salió del batallón”, “Ya va llegando al pueblo”. Lo seguían de cerca. Sabían con quién hablaba.

En el año 2004 los concejales del municipio citaron al coronel. En esa reunión los concejales le increparon por perseguir a los campesinos que defendían el progreso. Nunca los llamaron “paramilitares”. Sólo así: campesinos que defendían los intereses del pueblo y el progreso. Se defendió con un argumento: invitó cordialmente a uno de los concejales a que gritara en el parque principal: “Alfredo Santamaría es un hijodeputa”. El concejal admitió: “No puedo, porque enseguida me matan”. Alfredo Santamaría Benavides era uno de los comandantes más temidos de los paramilitares que operaban en la región.

Para entonces, los paramilitares de la región se hacían llamar “frente Ramón Danilo”, pero eran una deriva del primer grupo de autodefensa de Chucurí llamados “Masetos”, convertidos en bandas de sicarios y traquetos que controlaban el cartel de gasolina que robaba combustible del oleoducto, controlaban la producción de los cultivos de coca en la región de Yarima, El Filón, Serranía de la Paz y El Carmen, controlaban la extorsión y lideraban el lobby armado para forzar la venta de predios que se situaban alrededor de los proyectos mineros y energéticos y en desarrollo: la segunda mina de carbón más grande del país y la represa Hidrosogamoso, construida por Isagén con plata pública, llenada y vendida por el gobierno de Santos a los canadienses (Brookfield) en 2016. Esa banda fue reunida en tiempos del proceso de Ralito bajo el nombre “frente Alirio Beltrán Luque”, para obtener los beneficios del proceso de paz con los paramilitares que operaban en los confines de la región: el bloque Central Bolívar y el frente Isidro Carreño, pero antes del proceso no tenían mando unificado en el mando central paramilitar.

El coronel, acorralado por lo que llamó “inteligencia agropecuaria”, empezó una estrategia para aproximarse a la población y desmontar los grupos paramilitares. Su estrategia consistía en ir por las juntas de acción comunal de las veredas demostrando la incongruencia del accionar paramilitar: el régimen de terror y extorsión que imponían era el mismo régimen de crímenes que hicieron tan despreciables a los guerrilleros en esa región. Empezó a repartir tarjetas para que la gente diera información voluntaria. Empezó a depurar las filas de su batallón para romper la estructura paramilitarizada de sus hombres. Montó una granja a las afueras del pueblo que prestaba para venta de insumos del agro y el trabajo colectivo, y para acercar al campesino y zanjar la hostilidad hacia el Ejército.

De la gente que se aproximó, mataron a 20 personas, según su propia estadística. Los paramilitares de la región ofrecían 1’500.000 por cabeza de informante, así que los infiltrados denunciaban a los infiltrados. Los informantes sabían quién los iba a vender. “Ese soldado que está allá le va a contar al comandante Alfredo que yo estaba hablando con usted”. Y efectivamente, el informante aparecería muerto poco después por los hombres de alias Chamuco y del comandante Alfredo.

El hombre que mató a Pablo Escobar fue electo gobernador de Santander en el año 2003. En junio de 2004 el comandante de la Quinta Brigada le anunció al coronel su traslado por amenazas o la inminencia de un montaje judicial en curso. El coronel Prieto pidió investigar a los coroneles anteriores del mismo batallón para desmantelar la manera en que había evolucionado el proceso de paramilitarización de las tropas. Carreño le dice que el presidente de entonces, Álvaro Uribe, dio la orden tres veces de trasladarlo. Finalmente no es trasladado, y se mantiene en el cargo por un año más. Cuando los paramilitares se enteran de que continúa en el cargo, le dejan a la orilla de la carretera el cadáver de un muchacho que hacía mandados con un mensaje directo para que deje de perseguirlos (el libro incluye la foto macabra). Poco después la Fundación de los Campesinos Amigos por la paz, que era una ONG paramilitar, al decir del coronel, llevan al batallón una propuesta: ofrecen cinco positivos (cinco muertos por mes) para que la efectividad del batallón sea reconocida en la “directiva 29” del Ejército, sistema de premios por positivo de Álvaro Uribe, a cambio de cesar las operaciones en contra de los paramilitares. El coronel les pide indignado que se vayan.

Por último, el presidente Álvaro Uribe reúne de emergencia un consejo de seguridad en El Carmen de Chucurí, a realizarse en la iglesia del pueblo que había sido epicentro de la violencia guerrillera y el epítome del experimento paramilitar. Allí, ante el presidente rodeado por su ministro de Defensa, el gobernador, 150 campesinos y miembros de la clase dirigente del Santander, el coronel Prieto fue sometido a escarnio público. Uno de los asistentes pidió la palabra y lo acusó de haber hurtado $20 millones en un operativo, porque según el campesino él no guarda la plata en el banco sino bajo el colchón y en la operación se extravió esa plata. Otro se levantó y dijo que el coronel había dado armas a sus hijos para reclutarlos como paramilitares.

Corría el 2004. Álvaro Uribe se pavoneaba por todas las zonas de tierra castigada del país para hacer simulacros de gobierno y presentarlos en directo en los canales públicos y en tracks diferidos en los canales privados de televisión. Este consejo de seguridad, sin embargo, no tuvo registro. Sólo queda el registro fotográfico que el coronel mismo tomó (va incluido en el libro), pidiéndole a uno de sus subalternos que tomara fotografías. No quedaron archivo ni actas en el Gobierno. De la clase dirigente presente, el 80 % de sus miembros fueron condenados por parapolítica. El sacerdote de La Aragua, de apellido Ramírez, fue el único en reconocer el trabajo de Prieto en el enfrentamiento del crimen organizado. La entonces directora del CTI pidió un descanso en el consejo de seguridad y pasó a explicarle en privado al presidente lo que ocurría detrás de las acusaciones que hacían los habitantes contra el coronel. La reunión del presidente con la directora del CTI duró cuestión de minutos. Enseguida el presidente salió de la iglesia y dio por concluido el consejo. Antes de irse en su helicóptero presidencial le dijo una frase enigmática al coronel: “Prudencia, muchacho, prudencia”.

La gente se ríe de la imitación que hace Prieto del presidente recomendando prudencia. Su mando en ese batallón terminó un año después y fue trasladado a los Montes de María para combatir a las Farc. Estuvo 11 años más en el Ejército. En 2006 empezó la batalla judicial contra los políticos aliados al paramilitarismo. El coronel fue citado por la Corte Suprema para declarar en el proceso conocido como parapolítica. Citado por el magistrado Iván Velásquez, conocedor de las denuncias cuando había recorrido esa región de Santander, el coronel prescindió de los archivos del batallón y llevó el dossier que había ido conformando con las citaciones de la asamblea, el consejo, el ultimátum, los mensajes dejados en cadáveres de colaboradores, el registro de las operaciones, las capturas de paras, las copias de los artículos publicados en prensa y los videos de canales regionales donde se oía a los parapolíticos clamar en plaza pública en su contra. Llevó los archivos personales al tribunal, presentó declaración y se encendió el debate y la persecución y condena de los parapolíticos. Entonces lo denostaron aún más en medios públicos (en el libro figuran los recortes) a través de una alianza entre el Tuerto Gil (¿Luis Alberto Gil Castillo?) y el hombre que mató a Pablo Escobar, como lo llama.

En la presentación del libro hay un gran cartel con la carátula ampliada en la que figura el hombre que mató a Pablo Escobar en el momento en que posa con el cadáver del narco como una pieza de caza, pero el rostro aparece distorsionado. El coronel señala el cartel y dice: “El de la foto tiene tanto poder que logró hacer que su hijo fuera gobernador con 24 años influenciando a 460.000 santandereanos”.

Al final de la presentación en la librería Lerner de Bogotá, un habitante de San Vicente de Chucurí pidió la palabra y le agradeció por su trabajo cívico y aclaró que hay rearme paramilitar en la región con fusiles guardados en caletas, tras la desmovilización de los paramilitares que estuvieron al mando de Alfredo Santamaría. Darío Fernando Patiño, el periodista que prologó el libro, destaca la importancia de esta versión sobre la cooperación del paramilitarismo y las Fuerzas Militares: “Hay versiones de criminales, de guerrilleros, de estudiosos sobre el fenómeno del paramilitarismo en las Fuerzas Armadas, pero no desde un miembro de la Fuerza Pública”. Eso es, a su juicio, lo que hace extraordinario al libro.

Pero el libro tiene una omisión que parece plantear otra misión. Tal vez llegados a un punto de la cronología de la guerra sucia en Colombia hayan aparecido hombres comprometidos con la justicia que no cooperaron con el crimen organizado. Pero las fuerzas paramilitares en Colombia fueron creadas inicialmente por el Ejército, con apoyo de brigadieres, con financiación de grupos de narcotraficantes y de sectores económicos, de terratenientes y ganaderos y por transnacionales de petróleo y fruta.

Fueron creados inicialmente a través de la doctrina de la seguridad de Estados Unidos y del plan Lazo de los militares colombianos y continuada por los cientos de militares colombianos graduados en la Escuela de las Américas, que regresaron instruidos para crear grupos capaces de limpiar de manera extralegal los conatos de comunismo en América Latina y cuyos miembros participaron en las masacres de Trujillo, Segovia, Urabá. El primero en denunciar los nexos del paramilitarismo con sectores sociales y militares no es el coronel Prieto. Antes de él fueron los sindicalistas de la UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, asesinados cuando eran candidatos presidenciales, quienes denunciaron los vínculos, y la Iglesia católica, a cuyos despachos parroquiales llegaron las primeras denuncias por desapariciones forzadas y masacres. La versión libre de Prieto parece ir a contrapelo de la práctica paramilitar entronizada en las Fuerzas Militares como doctrina. Su relato personal directo parece desafiar con ética y humanidad las prácticas inhumanas y la corrupción política del neoparamilitarismo y el poder regional y económico que lo respalda. Pero los paramilitares cohonestaron con la clase dirigente y con los altos mandos del Ejército en otro punto del tiempo. El gobierno de turno propició en sus Fuerzas Armadas un sistema de premios por delación y cadáver que produjo la muerte de mil jóvenes reclutados por mercenarios y luego asesinados a mansalva para hacerlos pasar como guerrilleros en otro punto del tiempo.

No es Prieto el primer militar que escribe sus memorias en el posconflicto. Antes ya Valencia Tovar y Harold Bedoya habían difundido sus versiones libres sobre la época que les tocó vivir desde el mando militar. Otra sería la memoria si la hubieran escrito Gil Colorado o Faruk Yanine Díaz.

Con este libro y con la elección del ministro de Defensa (decreto 502 de 2017) en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica empieza el posconflicto. A esta parte de la historia de nuestro país la podemos llamar tergiversación de la batalla. Es la lucha por el control de la verdad, por sanear a las instituciones de la responsabilidad y sacarlas de la historia universal de la infamia.

Fuente:  El Espectador / Daniel Ferreira