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Durante varios meses el comité promotor de la consulta popular ha hecho gestión para sacar adelante este mecanismo en San Vicente de Chucurí.

San Vicente de Chucurí tiene el 50% de su área dada en concesión a empresas mineras y otra porción solicitada para el mismo fin, según estudios recientes.

De darse la aprobación del Concejo de San Vicente de Chucurí y del Tribunal Administrativo de Bucaramanga, sería la cuarta consulta popular contra la minería que iría a las urnas en Santander. La Registraduría ya avaló las firmas.

Pasos lentos pero contundentes está dando la consulta popular contra la minería en San Vicente de Chucurí. Este podría convertirse en el cuarto proceso que se aprueba en Santander, luego del que se adelantó en Jesús María y Sucre y el que se avecina en El Peñón.

Consuelo Acevedo, integrante del comité promotor de la consulta popular, confirmó que ya la Registraduría avaló las más de 4.000 firmas presentadas para su aprobación y que el informe llegó hasta el Concejo de San Vicente de Chucurí.

“Hace dos semanas llegó la certificación del informe financiero por parte del Consejo Nacional Electoral. Con este documento listo, lo que sigue es que el Concejo discuta la solicitud de consulta popular y emita el concepto, que puede ser favorable o desfavorable”, dijo Acevedo.

El debate se debe dar en sesiones ordinarias, que para el caso de esa corporación edilicia inician el próximo primero de noviembre.

“El Concejo tiene 20 días, una vez inicien las sesiones ordinarias, para dar debate a este proyecto. Luego el trámite quedará en manos del Tribunal Administrativo de Bucaramanga”, comentó la vocera.

Además, Acevedo reconoció que el comité promotor de la consulta gestiona aún el apoyo de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, que es vital para avanzar en este tipo de procesos.

¿Qué se consultará?

En San Vicente de Chucurí la consulta popular busca la opinión de los ciudadanos sobre si están de acuerdo en que se realicen actividades mineras en el municipio, a excepción de la minería tradicional.

Sobre su alcance, el abogado Jorge Negrete, consultor legal ambiental de las comunidades en proceso de defensa de su territorio, dijo que los resultados tienen efectos hacia el futuro, según los pronunciamientos que sobre el tema ha dado el Consejo de Estado.

“Lo que los resultados de la consulta no puede afectar son los proyectos que ya tienen título minero o contrato petrolero y licencia ambiental, porque estos contratos mineros o petroleros no son un derecho adquirido sino una expectativa que se consolida cuando hay una licencia ambiental aprobada. El derecho a explorar en minas e hidrocarburos se gana con el título más la licencia”, indicó el jurista.

‘tumbar’ consultas

Una vez se inició la ‘avalancha’ de consultas populares en Colombia para prohibir la minería en ciertos territorios, han surgido otras estrategias para dejar sin piso estos mecanismos de participación ciudadana.

Una es la ley estatutaria, para hacerlas inviables en el tema de minería e hidrocarburos. Otra es demandar los acuerdos municipales a los cuales se deben elevar los resultados de la consulta o demandar los acuerdos autónomos en defensa del patrimonio ecológico (van 16 en el país), según dijo el abogado Rodrigo Negrete.