Artículo extraído de: www.verdadabierta.com

La primera sentencia de tierras proferida a favor de una familia de San Vicente de Chucurí, Santander, devela cómo en los años 90 las autodefensas fueron responsables de abandonos de tierras.

La familia, que fue desplazada de su finca por ‘los Masetos’ en 1993, será compensada con un predio de similares condiciones en otra región del país. Foto: suministrada Unidad de Tierras.
Del origen de la palabra ‘Masetos’ hay principalmente dos versiones. Una que se deriva del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) y otra, que hace alusión a una herramienta utilizada en la minería. Cualquiera que sea su origen este fue el nombre de pila de las primeras autodefensas financiadas por narcotraficantes y apoyadas por las fuerzas militares para combatir a las guerrillas durante la década de 1980 y principios de los 90. Ahora, una sentencia de tierras documenta que estos grupos fueron responsables de que campesinos de la región del Magdalena Medio abandonaran sus fincas.

Fue el caso de la familia Gutiérrez*, a quien el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le tituló una finca de 6 hectáreas en el municipio de San Vicente de Chucurí, casi en el corazón del departamento de Santander y vecino al municipio de Barrancabermeja. La familia se desplazó de su terruño el 28 de enero de 1993 cuando por lo menos 30 hombres vestidos con prendas militares tumbaron la puerta de la casa y entre gritos y amenazas secuestraron a dos de sus hijos y asesinaron a uno de ellos. Con miedo y con la ropa que tenían puesta, la familia se desplazó a pocas horas de la tragedia.

Cuatro años después y todavía estando desplazados, los Gutiérrez desesperados por la falta de una entrada económica le vendieron la finca a un vecino. En los siguientes años ésta pasó de mano en mano en notarías a nombre de varias personas. Por eso quien compró de último en el año 2012 se opuso al proceso de restitución, alegando que no sabía del pasado del predio, que había comprado de buena fe exenta de culpa y que por tal razón no debía perder su tierra.

Después de analizar los testimonios de las víctimas y del opositor, los magistrados del Tribunal de Cúcuta les dieron la razón a las dos partes. Aunque la familia Gutiérrez reclamó su tierra, solicitó al Tribunal que no le devolviera este predio sino otro de similares condiciones en otra región, pues para la familia era difícil volver a recordar la tragedia. Los magistrados además de aceptar esta solicitud, consideraron que el último comprador no actuó de mala fe y que podía seguir allí sin que el juicio afectara su propiedad. Esto último es lo que se conoce como “segundos ocupantes”, personas que viven sobre predios reclamados en restitución pero que no son victimarios ni cómplices del abandono o despojo.

Esta es la primera sentencia de restitución en San Vicente de Chucurí. Según datos de la Unidad de Tierras Territorial Magdalena Medio, los jueces ya han proferido fallos en Sabana de Torres, Rionegro y Betulia. La reciente decisión da luces sobre cómo las autodefensas que se propagaron por el Magdalena Medio, provocaron abandonos masivos de fincas.

Un pasado amargo

De San Vicente de Chucurí salieron desplazadas 9 mil 400 personas entre 1985 y la fecha actual por el conflicto armado. Foto: suministrada Unidad de Tierras.
San Vicente de Chucurí es conocido como la capital cacaotera de Colombia. Es un municipio de tierras fértiles, colonizado por campesinos que buscaron cercanía al río Magdalena y desarrollaron una despensa agrícola, vital para la economía del departamento. Pero tras esa historia pujante alrededor de la planta que da vida al chocolate, hay una amarga de violencia. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de este municipio salieron desplazadas 9.415 personas desde 1985 a la fecha, siendo el desplazamiento una tragedia constante con más de 150 casos por año.

El conflicto de los últimos 30 años tiene que ver, de fondo, con una disputa territorial. El 4 de julio de 1964 en este pueblo hizo su primera aparición el Ejército de Liberación Nacional (Eln), una guerrilla que encontró asiento en esta zona donde abundan los caminos y las montañas, además de ser vecina al puerto petrolero. El sociólogo Alfredo Molano Bravo documentó en Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010) que el triángulo Puerto Wilches-San Vicente de Chucurí-Barranca “ha sido una región rebelde”, donde como en gran parte de la región del Magdalena Medio se gestaron organizaciones campesinas influidas por ideas socialistas.

La sentencia documenta, a partir de varios informes de onegés, que en los años 80 el movimiento campesino seguía siendo fuerte, reclamando mejores condiciones de vida en una región altamente productiva. En junio de 1987 lideraron un Paro Cívico y en mayo de 1988 varias marchas. Pero éstas rápidamente fueron reprendidas por las nacientes autodefensas que se bautizaron como ‘Masetos’, bajo la consigna de arrasar con cualquier persona o movimiento que simpatizara con los movimientos de izquierda. Solo bajo sospecha, los campesinos eran tildados de “guerrilleros”.

Un informe publicado en febrero de 1983 por el entonces Procurador General de la Nación documentó que ‘los Masetos’ se expandieron desde la región del Magdalena Medio hacia otras zonas del país, como los Llanos Orientales, con la complicidad de integrantes del Ejército. Para el caso de San Vicente de Chucurí, la sentencia documenta a partir de varios reportes de organizaciones sociales que estas autodefensas fueron apoyadas por algunos militares adscritos al Batallón de Infantería Luciano Del Huyar, que fue creado en noviembre de 1983 y comenzó operaciones durante el siguiente año.

Un documento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, citado por la sentencia, señala que entre finales de los años 80 y principios de los 90 tanto en zonas rurales como urbanas del municipio fueron recurrentes las torturas, asesinatos, desapariciones y masacres contra dirigentes sindicales y líderes campesinos. También ‘los operativos’ y bombardeos en veredas como San Cristóbal, Arrugas, El Filón, Albania y la Tempestuosa.

Fue de una de estas veredas que la familia Gutiérrez salió despavorida. En la sentencia quedaron consignados los relatos de varios vecinos que recordaron que cansados de la violencia perpetrada por autodefensas y la fuerza pública, los campesinos se organizaron en albergues y promovieron la campaña Clamor Chucureño por la Represión, rechazando la ola de violencia.

Pero la tragedia ya estaba anunciada. En marzo de 1992, Pedro Elías Pereira Jiménez, un campesino de San Vicente, llegó hasta el albergue campesino de Barrancabermeja denunciando que ‘los Masetos’ habían entrado a su vereda junto a varios integrantes del Ejército y elaboraron una ‘lista de muerte’ entre la que estaba su nombre. Según la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el cuerpo de Pereira fue encontrado tres días después con varios impactos de bala.

El 28 enero de 1993 ‘Los Masetos’ volvieron. Esta vez en un recorrido que incluyó la casa de los Gutiérrez. Varios familiares y testigos recordaron que el grupo de autodefensas, entre los que estaban Faber Lopera alias ‘Palizada’ y Luis Jaime Jiménez alias ‘Cachemoncoro’, llegaron a las tres de la madrugada derribando la puerta de la vivienda. Les gritaron, hicieron sonar sus armas y les ordenaron arrojarse al suelo de rodillas. Ataron con una cabuya a uno de los hijos, de 25 años, y se lo llevaron. Media hora más tarde regresaron para secuestrar, esta vez, a una hija.

El pueblo vino a saber que el joven fue asesinado junto con otro, también sacado a la fuerza de su casa, a las siete de la mañana en un sitio conocido como el Puente de Las Arrugas. Sus nombres estaban consignados en la temible lista que el campesino alcanzó a advertir. Allí los torturaron, les dispararon y arrojaron sus cuerpos a la quebrada. También torturaron a otro campesino y a su esposa en la misma zona, y sólo liberaron hasta las cinco de la tarde a la mujer que también habían secuestrado.

En medio de un aguacero, la familia se desplazó hacia otra vereda. Como ellos otros también lo hicieron, pues como lo relataron en sus testimonios estaban en medio de una guerra. No era un secreto que por el pueblo transitaba la guerrilla y en ese momento, las autodefensas los tildaban de cómplices y los obligaban a asistir a reuniones para ‘informarles’ que la zona había cambiado de bando. “Primero hubo una guerra entre el ejército y la guerrilla. Luego entraron los paramilitares. La mayoría de gente se asustó y echaron a vender las parcelas. El uno le vendía al otro y así sucesivamente”, aseguró uno de los campesinos durante el juicio.

En la actualidad no hay una dimensión de cuántas fueron las tierras abandonadas por la violencia perpetrada por ‘los Masetos’. Estos grupos delinquieron principalmente en la década de los 80, pues a mediados de la siguiente década se reciclaron en grupos paramilitares. Hasta mayo de 2013, cuando los datos sobre el número de hectáreas reclamadas por municipio eran accesibles, las solicitudes de restitución en San Vicente de Chucurí sumaban casi 5 mil hectáreas, entre abandonadas y despojadas.

Aunque este es un municipio que ya cuenta con el aval de seguridad del Ministerio de Defensa para documentar casos de restitución, hasta hace dos años San Vicente de Chucurí se sumaba a la lista de municipios en la lupa de los sistemas de alerta de la Defensoría y de las organizaciones sociales por la presencia de bandas criminales.

*Apellido cambiado para proteger la identidad de las víctimas.